Aumenta la presión sobre el Gobierno de Ecuador para que controle la violencia del crimen organizado

En 2025, Ecuador espera registrar la tasa de homicidio más alta de toda Latinoamérica por tercer año consecutivo, rompiendo su propio récord.¹ La estrategia del presidente Noboa —anclada en la declaración de un conflicto armado interno— no ha logrado frenar la violencia ejercida por los grupos criminales que compiten por el control de economías ilícitas como la extorsión, el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro. 

La escalada de la violencia ha afectado a una porción cada vez mayor de la población de Ecuador. Más del 70 % de los 18 millones de habitantes del país estuvieron expuestos a la violencia del crimen organizado en 2025, más que cualquier otro país de Latinoamérica y el Caribe (véase la visual a continuación). Ecuador, que en su día fue un refugio seguro para venezolanos y colombianos que huían de conflictos y abusos de los derechos humanos, se ha convertido en un país inhóspito para sus propios ciudadanos. Desde 2021, alrededor de 132 000 personas han sido desplazadas internamente debido a la violencia y más de 400 000 personas —o más del 2 %— han abandonado el país.² 

Un factor clave de la continua escalada de violencia es la competencia entre los grupos criminales Los Lobos y Los Choneros. Los Choneros, que en su día fueron la organización criminal más poderosa de Ecuador, se vieron debilitados tras la detención de su líder, José Adolfo Macías Villamar, quien fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2025.³ Los Lobos se han aprovechado de la vulnerabilidad de Los Choneros para apoderarse de territorios que sirven como rutas estratégicas para el tráfico de drogas y las exportaciones de oro, lo que ha dado lugar a una guerra territorial con graves consecuencias (véase el mapa a continuación). La violencia se ha disparado especialmente en las provincias de Los Ríos y Manabí, el bastión de Los Choneros a lo largo de la costa.

Un segundo factor detrás de la crisis de seguridad de Ecuador es la creciente fragmentación de las bandas criminales, provocada por la captura, el asesinato o el exilio de los líderes de los grupos criminales, lo que promueve las fricciones internas entre las facciones que luchan por el liderazgo. El grupo criminal Los Lobos se ha visto envuelto en una lucha intestina con su facción Sao Box por el control de las actividades ilícitas de minería de oro en El Oro y las provincias de alrededor.⁴ Las disputas tanto entre como dentro de las pandillas suelen originarse en las prisiones, que actúan como centros operativos de esos grupos, antes de extenderse a las calles. Las masacres en las prisiones y los enfrentamientos mortales entre grupos del crimen organizado contribuyeron a un aumento del 42 % en las muertes registradas en los primeros once meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. 

En tercer lugar, la creciente relevancia de Ecuador en el tráfico regional de drogas y las conexiones transnacionales de los grupos del crimen organizado complican aún más el panorama. A medida que la producción de cocaína sigue en aumento, Ecuador se está convirtiendo en una terminal de transbordo cada vez más estratégica, con los grupos del crimen ecuatorianos extendiendo sus redes por toda la región y más allá.⁵ Por el contrario, los grupos armados colombianos están expandiendo su presencia en Ecuador. Esto ha provocado que Noboa designe dos facciones de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Comuneros del Sur, un grupo escindido del Ejército de Liberación Nacional, como enemigos activos del conflicto armado interno.⁶ 

Mientras tanto, Noboa ha tenido que enfrentarse a las limitaciones de su estrategia. El despliegue de soldados en las calles y en las prisiones ha sobrepasado la capacidad del Ejército.⁷ La Corte Nacional de Justicia ha bloqueado la legislación que él intentó aprobar, que proponía endurecer las penas por delitos relacionados con los grupos del crimen organizado y proteger de la persecución judicial a las fuerzas de seguridad acusadas de cometer abusos. Para eludir la supervisión del poder judicial, Noboa propuso la reescritura de la Constitución. Sin embargo, el 16 de noviembre, los ecuatorianos rechazaron sus propuestas de crear una Asamblea Constituyente y de revertir la prohibición existente sobre la instalación de bases militares extranjeras. 

El 2026 será un año decisivo para Noboa

El Presidente se enfrenta a una oleada de crímenes violentos que no muestran signos de desaparecer, con un capital político reducido y unas expectativas crecientes. La falta de resultados concretos en materia de seguridad podría dañar su imagen pública tanto a nivel nacional como internacional, debilitando su Gobierno antes de las elecciones locales de 2027.

A no ser que un grupo del crimen organizado consiga establecer su hegemonía o el Gobierno tome el control de las prisiones y establezca una presencia más permanente en las comunidades controladas por grupos criminales, es probable que la violencia siga aumentando en 2026 y que posiblemente se extienda a otras provincias. Dicho esto, no hay indicios de que las guerras territoriales entre grupos del crimen organizado vayan a disminuir el próximo año. Aunque están debilitados, Los Choneros siguen teniendo un poder significativo en varias partes del país, y será difícil para Los Lobos desmantelar la red social e institucional que han tejido, especialmente en la provincia de Manabí. Por su parte, Los Lobos pueden sufrir más luchas internas después de la detención de su líder en España a mediados de noviembre.⁸

Es probable que estas luchas se desarrollen en las calles y en las prisiones, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por mejorar el sistema penitenciario con la construcción de una nueva prisión de máxima seguridad en la provincia de Santa Elena, donde ha comenzado a enviar a los criminales más peligrosos.⁹ De hecho, los miembros de grupos criminales podrían resistirse a ser transferidos a la nueva prisión. Esto podría desembocar en motines de las pandillas, mientras que las actividades criminales podrían expandirse a las comunidades cercanas al nuevo centro de detención. Además, el país iniciará pronto el proceso que conducirá a las elecciones locales de febrero de 2027. Es probable que esto catalice la violencia hacia figuras políticas, ya que los grupos criminales intentarán impedir la elección de funcionarios que consideren hostiles o que crean que están confabulados con sus rivales, como ocurrió en 2023. 

Mientras tanto, los desarrollos políticos y securitarios en los países vecinos también moldearán la evolución de la crisis de seguridad de Ecuador. En Colombia, el presidente Gustavo Petro espera lograr acuerdos definitivos con algunos grupos armados antes de la finalización de su mandato en agosto de 2026, al tiempo que intensifica la presión militar contra los actores armados que han mostrado poca voluntad de avanzar en las conversaciones de paz iniciadas como parte de su estrategia de Paz Total. Petro está trabajando para llegar a acuerdos con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), disidentes de las FARC, que operan en los departamentos sureños de Nariño y Putumayo. Incluso en la remota posibilidad de que esto ocurra, los resultados del plan de Paz Total de Petro corren el riesgo de ser demasiado escasos como para que su sucesor continúe con esta política, lo que aumenta la probabilidad de que cualquier administración futura adopte un enfoque más severo con respecto al conflicto. 

Es probable que los acontecimientos relacionados con la presencia y las acciones de los grupos armados en el sur de Colombia tengan repercusiones al otro lado de la frontera, especialmente en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, donde la red de relaciones entre los grupos podría verse alterada. Por su parte, Perú —que también está experimentando un deterioro de la seguridad— elegirá un nuevo Presidente en abril de 2026. Las políticas que adoptará el nuevo Gobierno, en particular aquellas relacionadas con el contrabando de oro extraído ilegalmente y de armas hacia Ecuador, influirán en la contención o el fomento del acceso de los grupos criminales a armas de fuego y recursos financieros.

Además, las políticas de EE. UU. también influirán en lo que ocurra en Ecuador. El aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y los múltiples ataques contra lo que se alega que son embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas pueden reducir temporalmente las actividades de tráfico marítimo en el Caribe, mientras se mantenga el despliegue militar.

Sin embargo, las organizaciones de tráfico de drogas podrían reconducir sus actividades hacia el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han atacado algunas embarcaciones frente a las costas de Colombia y México, pero no cuentan con presencia militar significativa, aumentando más aún el flujo de drogas a través de Ecuador. Entretanto, la ofensiva de la administración Trump contra la inmigración ha reducido el número de llegadas de ecuatorianos a EE. UU.,¹⁰ pero mientras la situación de seguridad siga deteriorándose en Ecuador, un número cada vez mayor de ciudadanos sentirá la necesidad de desplazarse, ya sea dentro del país o a otros países de la región. Aunque aún esté lejos de convertirse en una crisis humanitaria en toda regla, el desplazamiento masivo o la emigración tendrían graves consecuencias humanitarias para Ecuador y los países receptores. 

Visuales producidos por Ciro Murillo.

Conflict Watchlist 2026