El poder duro de EE. UU. se vuelve hacia América Latina y el Caribe

El 2 de septiembre, Estados Unidos atacó una embarcación que, según dijo, transportaba a miembros del Tren de Aragua, matando a 11 personas en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa venezolana. El ataque supuso un cambio de rumbo significativo en la política estadounidense en la región hacia el uso del poder duro. Se produjo tras meses de especulación sobre posibles acciones militares estadounidenses y fue el primero de los que ahora suman 21 ataques que han causado la muerte de más de 80 personas. 

Desde que asumió el cargo el 20 de enero, el presidente Donald Trump ha ampliado la presencia militar de Estados Unidos mediante la Operación Southern Spear, desplegando el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y cazas en Puerto Rico (véase la cronología a continuación).¹

La escalada militar parece estar dirigida contra Venezuela, con la autorización de EE. UU. de operaciones terrestres dirigidas por la CIA en el país.² Estados Unidos ha acusado en particular al líder venezolano Nicolás Maduro de dirigir el Cártel de los Soles, un presunto grupo criminal que el Departamento de Estado de EE. UU. ha designado como organización terrorista extranjera (OTE).³ Un total de 14 grupos criminales han sido designados como OTE desde febrero.

Aunque la administración estadounidense ha presentado estas operaciones como esfuerzos para combatir el narcotráfico, el uso del poder duro podría tener más que ver con presionar a los gobiernos para que se alineen con sus objetivos de política exterior, que van desde contener los flujos migratorios hasta lograr acuerdos económicamente ventajosos en medio de la creciente presencia china en la región. Trump dejó clara esta nueva postura meses antes de asumir la presidencia, al amenazar con “recuperar” el canal de Panamá en respuesta a la influencia de China sobre esta vía navegable estratégica, una amenaza que reiteró en febrero

Desde entonces, la administración Trump ha extendido su presión a gobiernos cuyas posiciones políticas o ideológicas divergen de las de Washington. En particular, amenazó con imponer aranceles del 30 % a productos mexicanos para obligar a endurecer el control migratorio y las operaciones contra los grupos criminales.⁴ En Brasil, Trump aumentó los aranceles al 50 % en respuesta al procesamiento del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y condicionó su apoyo financiero a Argentina a la victoria de su aliado, el presidente Javier Milei, en las elecciones legislativas. Las posiciones discordantes sobre la Operación Southern Spear también provocaron una represalia rápida: después de que el presidente Gustavo Petro criticara los ataques mortales, Estados Unidos impuso sanciones contra funcionarios colombianos y retiró la certificación de sus programas antidrogas.

La creciente presión de EE. UU. reforzó la propagación de políticas y discursos de seguridad militarizados en toda la región. Esta tendencia surge como respuesta al empeoramiento de la violencia, impulsada por la diversificación de las economías criminales, el aumento de la competencia entre actores armados y la internacionalización del crimen organizado. Los enfoques de mano dura contra la violencia de los grupos criminales no son nuevos y han ganado popularidad en toda la región, especialmente en Jamaica, El Salvador y Honduras. Sin embargo, el cambio de retórica de Estados Unidos de un enfoque de seguridad pública a un marco antiterrorista animó a países como Argentina, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Trinidad y Tobago a seguir su ejemplo y declarar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

La despriorización de los derechos humanos por parte de EE. UU., mediante el recorte de los fondos de ayuda exterior y el uso de ataques aéreos calificados por organismos de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales,⁵ combinada con la propagación de discursos de seguridad militarizados, ya se ha traducido en un uso más letal de la fuerza en 2025. A lo largo de 2025, al menos nueve países registraron un aumento de la letalidad en los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y fuerzas estatales (véase el mapa a continuación), incluido Brasil, donde la Operación Contención, en Río de Janeiro, causó la muerte de más de 120 presuntos miembros de grupos criminales. 

La influencia de Estados Unidos impulsará una mayor militarización de la seguridad y más violencia en 2026

El aumento de la presión de Washington en América Latina y el Caribe busca reafirmar a EE. UU. como el actor económico dominante en el hemisferio occidental y asegurar su acceso a los recursos de la región, manteniendo a raya la influencia china mediante la promoción de gobiernos alineados con Estados Unidos. 

Gran parte de la atención sobre la política estadounidense se ha centrado en sus esfuerzos por provocar un cambio de régimen mediante una intervención militar en Venezuela, un objetivo compartido por algunos sectores del Gobierno estadounidense. El despliegue de recursos y los reportes sobre reuniones informativas militares que detallan posibles escenarios para una operación terrestre han generado preocupación sobre la probabilidad de dicha intervención, la cual tendría repercusiones graves en los niveles de violencia interna y desestabilizaría la seguridad en los países vecinos.

A pesar de la retórica, sigue sin estar claro cómo se materializará dicha intervención. El Congreso de los Estados Unidos parece dividido sobre la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, lo que podría dificultar a la administración Trump su búsqueda de financiación y un compromiso militar más a largo plazo. Trump también se enfrenta a una creciente presión pública para priorizar las crisis internas. Aun así, es posible que Trump esté esperando que la mera amenaza de una invasión terrestre aumente la presión sobre el Gobierno venezolano y lleve a Maduro a dimitir. 

Más allá de Venezuela, Estados Unidos continuará con sus operaciones y ataques selectivos en la región, mientras ejerce una influencia significativa a través de canales internacionales como la Fuerza de Eliminación de Pandillas en Haití (GSF, por sus siglas en inglés). La GSF será un caso práctico de intervención multilateral y su posible aplicación en otros contextos. Por un lado, estas iniciativas podrían agravar las tensiones entre EE. UU. y los gobiernos regionales, a medida que aumenta la preocupación pública por la creciente influencia de Estados Unidos. Los ecuatorianos, en particular, rechazaron el regreso de una base militar estadounidense en un referéndum celebrado el 16 de noviembre. Por otro lado, permiten que Trump se proyecte como un defensor de la estabilidad regional. 

Las respuestas militarizadas al crimen organizado probablemente se extenderán aún más, a medida que los gobiernos adopten medidas de mano dura contra la delincuencia y recurran a poderes de emergencia, especialmente en países que han acudido recientemente a las urnas, como Bolivia, Chile y Honduras, o, como Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil, que se dirigen a elecciones en 2026. En estos países, el crimen organizado y los discursos militarizados en torno a la seguridad seguirán en el centro del debate electoral. Aunque las propuestas de mano dura siguen estando impulsadas en gran medida por cálculos políticos internos y la popularidad del modelo Bukele de El Salvador, la perspectiva de relaciones favorables con Washington podría permitir que los líderes de la región se comprometan aún más con respuestas de seguridad de línea dura. 

Además, Estados Unidos podría tratar de influir en los resultados electorales, como se vio en Argentina y Honduras, mediante presión diplomática y económica para inclinar al electorado hacia un aliado estadounidense. Sin embargo, la creciente presión de EE. UU. sobre estos gobiernos para que se alineen con sus intereses conlleva riesgos considerables.  Las políticas de seguridad de línea dura podrían agravar los conflictos en la región, mientras Estados Unidos continúa promoviendo una agenda militarizada de “guerra contra el crimen”, y es probable que conduzcan a una violencia letal sostenida. Los estados de emergencia y políticas de mano dura han coincidido en ocasiones con reducciones de la violencia, pero en algunos casos, la represión contra grupos criminales también ha contribuido a la fragmentación de grupos armados. En México, por ejemplo, la detención del líder del Cártel de Sinaloa, El Mayo, en Estados Unidos en julio de 2024, contribuyó a encender uno de los conflictos internos más mortíferos del Cártel de Sinaloa.

Los grupos armados también han demostrado una considerable capacidad de adaptación frente al aumento de la presión, cambiando a veces a tácticas de baja visibilidad, escalando hacia operaciones selectivas contra las fuerzas de seguridad o ajustando sus actividades ilícitas, incluso pasando del transporte marítimo al aéreo o redirigiendo las rutas del narcotráfico. Los grupos armados han aumentado el uso de drones cargados de explosivos en varios países, como Colombia y México. Si los Estados responden con tácticas militarizadas indiscriminadas, la población se enfrentará a un mayor riesgo de exposición. En Colombia y Haití, el empleo de ataques aéreos y drones ha suscitado creciente preocupación por las víctimas civiles, incluidos niños.⁶

Al mismo tiempo, el modelo de mano dura conlleva el riesgo de transformar un panorama antes dominado por grupos armados no estatales en uno en el que los actores estatales vuelven a ser los principales perpetradores de la violencia, como ya se ha visto en El Salvador. El uso de fuerza militar durante operaciones de aplicación de la ley puede normalizar las ejecuciones extrajudiciales en el próximo año.  Ecuador es un ejemplo claro, con un aumento significativo de las denuncias de desapariciones forzadas a manos de militares.⁷ A medida que Estados Unidos desprioriza los derechos humanos, reduce el costo político de las violaciones de derechos y recompensa las respuestas militarizadas, los líderes de América Latina y el Caribe podrían volverse mucho más permisivos en su uso de la fuerza en 2026, contribuyendo a una mayor erosión de los contrapesos democráticos sin ninguna garantía de frenar de forma sostenible la expansión de la actividad criminal en la región.  

Visuales producidos por Ciro Murillo.

Conflict Watchlist 2026