La cooperación entre Colombia y Venezuela en materia de seguridad fronteriza es necesaria para la inversión, pero poco probable en el corto plazo

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Resumen ejecutivo

La remoción de Nicolás Maduro, liderada por Estados Unidos, ha despertado un renovado interés entre empresas de los sectores petrolero, gasífero y minero en Venezuela. Gran parte de los recursos del país se encuentra a lo largo de la porosa frontera de 2.219 kilómetros con Colombia, que históricamente ha sido importante para el desarrollo económico de ambos países. Sin embargo, la frontera también ha atraído el interés de grupos armados, que en los últimos años han aprovechado las tensas relaciones entre Bogotá y Caracas para disputarse el control de economías criminales transfronterizas como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El 24 de abril, el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas y firmaron una serie de acuerdos, incluidos algunos sobre la reactivación de proyectos energéticos conjuntos y los esfuerzos para abordar las actividades de los grupos armados a lo largo de la frontera. Sin embargo, hasta que estos acuerdos se pongan en marcha, la infraestructura y los trabajadores de los proyectos extractivos seguirán siendo vulnerables a ataques de grupos armados, en particular del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la fuerza dominante en la frontera.

Si Bogotá y Caracas finalmente intensificaran los esfuerzos de cooperación en materia de seguridad, es probable que estos serían más eficaces en las zonas central y norte de la frontera. En esta área, la presencia de otros grupos armados que disputan el dominio del ELN; la existencia de infraestructura vial, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria relativamente desarrollada, y la convergencia de intereses de Estados Unidos, Colombia y Venezuela hacen más probable que la cooperación produzca resultados que debiliten las operaciones de los grupos armados. Por lo tanto, la cooperación en seguridad allí podría abrir el camino para una reactivación más segura de los proyectos de petróleo y gas en ambos lados de la frontera.

En cambio, es mucho menos probable que marque una diferencia en la parte sur de la frontera, en las remotas regiones amazónicas. En estas zonas, la infraestructura vial es casi inexistente, las capacidades de las fuerzas de seguridad son limitadas, y hay corrupción generalizada y un dominio indiscutido de los grupos armados en el sector minero. Esto obstaculiza las posibilidades de éxito de cualquier forma de cooperación. Independientemente del grado de cooperación entre Bogotá y Caracas en materia de seguridad, no será conveniente ni recomendable que las empresas mineras y los comerciantes extraigan o distribuyan minerales desde el sur de Venezuela. Esto será así a menos que estén dispuestos a asumir altos costos de seguridad, pagos de extorsión por sus operaciones, y fallas de cumplimiento derivadas de la violación sistemática de los derechos humanos y de las normas de protección ambiental que ocurren allí.

En cualquier caso, una renovada cooperación está lejos de estar garantizada. El candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quien ganó la segunda vuelta el 21 de junio en Colombia por un margen muy estrecho según los resultados preliminares, ha rechazado cualquier relación con la administración de Rodríguez en Venezuela, pero la evolución de las relaciones entre ambos gobiernos también dependerá de los desarrollos políticos en Venezuela y de la capacidad de Washington para influir en ambos países.

Las partes central y norte de la frontera son un foco de violencia, pero ofrecen una oportunidad para una cooperación más eficaz

Evaluación de la estabilidad

La zona fronteriza que se extiende desde la costa de La Guajira hasta el departamento de Arauca en Colombia, y desde Zulia hasta Apure en Venezuela, es rica en petróleo, carbón y gas; cuenta con suelos aptos para la agricultura y la ganadería, y alberga infraestructura importante como carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Vincula el desarrollo económico y la seguridad de ambos países, como lo ilustra el gasoducto Antonio Ricaurte, que va desde el departamento de La Guajira, en Colombia, hasta Maracaibo, en Venezuela. El gasoducto fue abandonado hace una década debido a ataques de grupos armados y al deterioro de las relaciones bilaterales, y solo recientemente ambos gobiernos han iniciado conversaciones para reactivarlo.

Sin embargo, también es el epicentro del conflicto entre varios grupos armados. En Colombia, la región del Catatumbo es el principal enclave de cultivos de coca y producción de cocaína, y el punto de origen de rutas clave para el narcotráfico internacional a través del Caribe. Los grupos armados también imponen cuotas de extorsión a mineros y transportistas de carbón en Boyacá, Cesar, La Guajira y Norte de Santander, en Colombia, y en Táchira y Zulia, en Venezuela. Otro foco importante de conflicto es el área entre el departamento de Arauca y el estado de Apure, también relevante para el narcotráfico, pero particularmente vulnerable a la extorsión de los sectores ganadero y petrolero (ver mapa a continuación).

Impulsado por un auge de actividades de minería ilegal y narcotráfico, así como por la protección política en Venezuela, el ELN se convirtió en el grupo armado dominante en ambos lados de la frontera tras librar guerras contra el Ejército Popular de Liberación (EPL), la banda Los Rastrojos, las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Desde 2018, ACLED registra la presencia del grupo en 84 de los 216 municipios de los departamentos fronterizos colombianos y en casi la mitad de los 75 municipios de los estados fronterizos venezolanos.

Otros grupos armados disputan el control del ELN en las partes norte y central de la frontera, pese al fuerte arraigo del grupo. Aunque debilitadas en el lado venezolano de la frontera, las disidencias de las FARC siguen operando en Norte de Santander y Arauca. Además, la expansión del Clan del Golfo a lo largo de la región Caribe ha provocado un enfrentamiento con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que afecta especialmente a los departamentos de Cesar y La Guajira. Sin embargo, este conflicto se ha desplazado gradualmente hacia Norte de Santander, donde corre el riesgo de abrir otro frente en la disputa entre el ELN y el EMBF por el control de la región del Catatumbo (ver mapa a continuación). 

En el lado venezolano de la frontera, particularmente en Zulia y Táchira, bandas locales participan en actividades criminales como la extorsión, el secuestro, el narcotráfico, el contrabando, y el tráfico de migrantes. Según datos de ACLED, su número y actividad han disminuido en los últimos años. Un experto venezolano en seguridad que habló con ACLED en marzo de 2024 señaló que esta tendencia responde a una combinación de factores: la ofensiva del gobierno de Maduro contra bandas locales que habían perdido el respaldo político del chavismo, el colapso económico generalizado y el éxodo de millones de personas que le siguió. Aún así, desde 2025, ACLED registra más de una docena de actores criminales activos solamente en Zulia; esto incluye a los colectivos y al ELN, que en ocasiones son indistinguibles entre sí, según una defensora de derechos humanos entrevistada por ACLED en mayo de 2026.

Trayectoria del conflicto

Una ofensiva del ELN contra el EMBF en el Catatumbo el año pasado provocó un aumento del 73% en la violencia de grupos armados en Norte de Santander, según registró ACLED, y el desplazamiento de más de 73.000 personas, según la Defensoría del Pueblo de Colombia. De manera similar, los departamentos de Cesar y La Guajira registraron un aumento en los niveles de violencia (ver mapa a continuación), impulsado por el agravamiento del conflicto entre las ACSN y el Clan del Golfo, así como por los intentos del ELN de mantener el control en partes de esos departamentos y extorsionar el ferrocarril carbonero. Estos conflictos no han mostrado señales de disminuir en 2026.

Por su parte, el gobierno de Petro reanudó la presión militar contra el ELN y el EMC de las FARC tras el colapso de las negociaciones de paz con estos grupos en 2024 y ha intensificado las operaciones militares en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Cesar, incluidos bombardeos aéreos, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En los estados del norte de Venezuela, la violencia de las bandas ha venido disminuyendo desde 2019 (ver gráfico a continuación). Sin embargo, las bandas parecen haber aprovechado el cambio político en Venezuela para intensificar los ataques relacionados con la extorsión y los secuestros en Zulia desde enero de 2026, y es probable que aprovechen cualquier reactivación económica en el país para revivir aún más estas actividades. En cuanto a los grupos armados colombianos en Venezuela, su violencia contra civiles ha disminuido desde 2023, pero las operaciones de las fuerzas de seguridad se intensificaron en los estados norteños de Apure, Táchira y Zulia en 2025. Este cambio probablemente se debió al intento de Maduro de mostrar resultados en la lucha contra el narcotráfico con el fin de recuperar legitimidad internacional tras su cuestionada reelección en los comicios del 28 de julio de 2024.

Riesgos e implicaciones

Cualquier ofensiva conjunta contra los grupos armados colombianos que operan en ambos lados de la frontera conlleva riesgos significativos:

1. Aunque al ELN no le conviene abrir otro frente de guerra, el grupo no permanecería pasivo ante un aumento de la presión militar por parte de Caracas. No solo respondería al fuego de las fuerzas de seguridad, sino que también podría tomar represalias contra la población civil local si percibe que ésta le ha retirado su apoyo o ha proporcionado información para orientar las operaciones de seguridad. Por lo tanto, una ofensiva militar contra el ELN convertiría al actual actor paramilitar progubernamental en una guerrilla binacional, con una red de actores sociales, políticos y económicos en la que podría apoyarse, lo que dificultaría su erradicación únicamente mediante la acción militar.
2. Incluso si el ELN evitara el enfrentamiento y redistribuyera sus efectivos fuera del Catatumbo, probablemente consolidaría su presencia en otras zonas en disputa, alimentando el conflicto con el Clan del Golfo y la ACSN en La Guajira, y con el EMC en Arauca y Apure.
3. Si una ofensiva conjunta lograra debilitar la presencia del ELN en el Catatumbo, dejaría a Norte de Santander más vulnerable a los intentos de otros grupos armados de apoderarse de los territorios y rutas de narcotráfico del ELN, exponiendo a la población civil a sus incursiones violentas.

La cooperación en materia de seguridad conviene tanto a ambos gobiernos como al sector privado. La presencia de infraestructura relativamente desarrollada y la autoridad disputada del ELN hacen que una estrategia de seguridad compartida en ambos lados de la frontera sea más viable y tenga mayores probabilidades de debilitar las operaciones del ELN en Norte de Santander, Táchira y Zulia, proporcionando así las garantías de seguridad necesarias para reactivar los proyectos energéticos binacionales. En cambio, la continuación de acciones desarticuladas entre Bogotá y Caracas no solo permitiría al ELN continuar su ofensiva en el Catatumbo, sino que también expondría al gasoducto Antonio Ricaurte al mismo tipo de extorsión que los grupos armados aplican a los sectores petrolero y carbonífero en Arauca y La Guajira, lo que disuadiría la inversión extranjera.

La parte sur de la frontera es un foco de minería ilegal

Evaluación de la estabilidad

Las regiones fronterizas del sur amazónico ofrecen zonas remotas ideales para las rutas fluviales de narcotráfico y la minería ilegal, particularmente de oro y, cada vez más, de minerales cruciales para la transición energética verde, como estaño, wolframio, tantalio y elementos de tierras raras. En 2016, el gobierno de Maduro creó el llamado Arco Minero del Orinoco, un megaproyecto que cubre el 12% del territorio del país para superar la caída de los ingresos petroleros y atraer nueva inversión extranjera al sector minero. Luego buscó la ayuda del ELN para imponer orden y someter a las bandas criminales que operaban en esa zona, lo que llevó a la expansión del ELN en el sur de Venezuela, según Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, un grupo de promoción e investigación que documenta la crisis ambiental y humanitaria en el sur de Venezuela. Diez años después, Venezuela se encuentra en un dilema similar. Pero esta vez, el ELN —que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera— se ha convertido en el principal obstáculo para atraer inversión extranjera.

Durante mucho tiempo, el ELN y las disidencias de las FARC han operado a lo largo de la frontera entre los departamentos colombianos de Guainía y Vichada y los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar (ver mapa a continuación). Sin embargo, hace unos 10 años hicieron incursiones profundas en Amazonas y Bolívar, desatando enfrentamientos con bandas locales y actos sistemáticos de violencia contra las comunidades indígenas locales. Algunas comunidades, como el pueblo Pemón, han formado milicias de autodefensa para impedir incursiones de grupos armados en sus territorios con el fin de cobrar dinero a las embarcaciones que transportan minerales. Hoy, la presencia del ELN es menos visible, pero se extiende desde la frontera con Colombia hacia el este, llegando hasta  San Martín de Turumbán, en la frontera con Guyana, según Burelli, donde también continúan operando otras poderosas bandas venezolanas conocidas como sindicatos, así como el Tren de Aragua.

Durante años, el ELN mantuvo una alianza con el frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC. En la práctica, esta alianza implicaba compartir rutas de narcotráfico y repartirse zonas mineras. Sin embargo, el ELN la rompió en 2025, desatando una disputa territorial en distintas partes del estado Amazonas.

Trayectoria del conflicto

Desde 2020, la violencia en Bolívar y Amazonas ha disminuido sustancialmente. Pero esto refleja el éxito del ELN en imponer su supremacía en la mayor parte de las zonas occidentales de estos estados, mientras acuerda una especie de división equilibrada del territorio con otros grupos criminales y mantiene una relación de trabajo con las autoridades venezolanas en el este. ACLED registra solo un puñado de eventos violentos en la parte sur de la frontera en 2025 y 2026. La violencia no se intensificó de manera significativa ni siquiera después de que el ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentaran en varias ocasiones en 2025, aumentando la presión sobre las autoridades venezolanas para que intervinieran. Esto dio lugar a la primera operación de las fuerzas de seguridad contra laboratorios y campamentos de droga de grupos armados colombianos desde 2022. Más recientemente, las autoridades también han intensificado las acciones contra la minería ilegal, lanzando una operación militar conjunta con Estados Unidos en la zona minera de Las Claritas y, pocos días después, presuntamente permitiendo que Estados Unidos llevara a cabo un ataque aéreo que mató al líder de la banda Tren de Aragua, conocido como "Niño Guerrero."

Riesgos e implicaciones

Enfrentar la delincuencia organizada, el narcotráfico y las actividades de minería ilegal en la parte sur de la frontera representa un desafío insuperable para ambos países a corto plazo, particularmente para Venezuela. Los principales desafíos son:

1. Con sobornos e ingresos directos provenientes de la minería de oro que probablemente superan a los del narcotráfico, las fuerzas de seguridad venezolanas —que enfrentan una corrupción generalizada en sus filas— tienen pocos incentivos para intensificar la presión militar contra los grupos armados, según Bram Ebus, fundador y director de Amazon Underworld, un proyecto de periodismo de investigación que explora las economías criminales en la selva amazónica.
2. La lejanía de las regiones amazónicas y la falta de infraestructura terrestre requieren aeronaves militares y equipos fluviales más sofisticados que los que tienen a disposición las tropas venezolanas y colombianas.
3. El dominio del ELN sobre amplias zonas de la frontera, sumado a la desconfianza de las comunidades locales hacia las instituciones estatales, dificulta aún más la cooperación de los actores locales con las autoridades y hace mucho más probables las represalias del grupo.
4. La información sobre la presencia y las actividades de los grupos armados es limitada y se ha reducido aún más en los últimos dos años, debido al cierre de numerosos medios de comunicación y organizaciones de monitoreo de conflictos por la censura y los recortes de financiamiento extranjero. Esto dificulta evaluar con precisión los riesgos tanto para las fuerzas de seguridad como para las empresas mineras interesadas en ingresar a la zona.

A pesar de las reformas a la ley minera de Venezuela que introdujeron una unidad especializada de la Guardia Nacional para vigilar las zonas mineras, el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa y de generales regionales, y las operaciones militares en zonas mineras, es poco probable que el panorama en esta parte de la frontera cambie en el lapso de unos pocos meses. Cualquier empresa extranjera interesada en expandir sus operaciones o distribuir minerales extraídos en esta parte sur de la frontera enfrentaría altos costos debido a la falta de infraestructura, ya que gran parte de los minerales de tierras raras y del oro extraídos de esta zona se transporta en helicópteros o avionetas. También tendría casi seguramente que lidiar con la presencia de grupos armados, siendo víctima de su extorsión y exponiendo a los trabajadores locales a sus abusos y a las redes de corrupción generalizadas dentro de las instituciones gubernamentales, según Nathan Jaccard, editor sénior de la organización de periodismo de investigación OCCRP, quien habló con ACLED en abril de 2026. En algunas zonas, expertos locales como Omar Vázquez Heredia, profesor de la Universidad Central de Venezuela, han dicho a ACLED que es probable que las empresas mineras también enfrenten resistencia por parte de comunidades organizadas que rechazan las operaciones mineras a gran escala.

Escenarios: los desarrollos políticos en Colombia, Venezuela y Estados Unidos definirán las perspectivas de cooperación en seguridad fronteriza

La mejora en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela llega en medio de una creciente presión de Estados Unidos sobre ambos gobiernos para que intensifiquen la confrontación militar contra los grupos armados, lo que parece estar creando una ventana de oportunidad para aumentar la cooperación en materia de seguridad. Pero los profundos vínculos políticos y militares del ELN, así como años de desconfianza y políticas desarticuladas, hacen que los acuerdos alcanzados por Petro y Rodríguez sean difíciles de poner en práctica. También será difícil que sobrevivan al final del mandato de Petro el 7 de agosto, cuando está previsto que comience la presidencia de De la Espriella, siempre que se confirmen los resultados preliminares que lo dan como ganador, actualmente considerados aún no oficiales ni vinculantes por el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Tres factores determinarán si esta ventana de oportunidad se cierra o no: la disposición del presidente entrante de Colombia a profundizar la colaboración con Venezuela, la evolución de la transición política de Venezuela, y la capacidad de Washington para seguir influyendo en los acontecimientos en ambos países.

Proponemos dos escenarios alternativos para el manejo de la seguridad a lo largo de la frontera colombo-venezolana:

1. Las relaciones entre el derechista De la Espriella y la administración de Rodríguez probablemente serán tensas, ya que De la Espriella ha rechazado la posibilidad de fortalecer los lazos con el gobierno de Caracas. Al mismo tiempo, él propone apostar por una mayor militarización como método para resolver el conflicto armado de Colombia. Este enfoque corre el riesgo de recrear las condiciones que permitieron la expansión de los grupos armados colombianos en Venezuela durante la presidencia de Iván Duque (2018-22). En aquel entonces, la ruptura de las relaciones diplomáticas y la presión de las fuerzas de seguridad colombianas llevaron a las guerrillas a buscar refugio y fortalecer su presencia en Venezuela bajo la protección de Maduro. Esta vez, sin embargo, la administración de Rodríguez no está dispuesta a permitir que el ELN amplíe aún más su presencia en Venezuela. Por lo tanto, en ausencia de una transición democrática en Venezuela, es probable que aumente la presión militar sobre los grupos armados en ambos lados de la frontera, aunque de manera mayormente desarticulada. Esto permitiría a los grupos armados adaptarse a distintos niveles de presión militar, variables y poco coordinados, en cada lado de la frontera. De hecho, las perspectivas de cooperación entre Caracas y Bogotá son limitadas y dependerán en gran medida de la estrategia de Washington. El gobierno de De la Espriella estará mucho más alineado con la agenda económica, política y de seguridad impulsada por Trump, quien lo respaldó abiertamente durante la campaña. En teoría, Trump está bien posicionado para usar su influencia y promover una mayor cooperación en seguridad entre ambos países, con el fin de allanar el camino para inversiones más seguras. Sin embargo, hasta ahora su administración ha preferido tratar con cada país por separado, y es poco probable que haga una excepción.
2. En cambio, si Washington impulsa una transición política que derive en la llegada al poder de un gobierno conservador en Venezuela, una ofensiva militar conjunta contra los grupos armados sería muy probable. Ambos gobiernos estarían alineados ideológicamente, cooperarían plenamente con Washington y apoyarían una confrontación militar con estos grupos. Si bien esto probablemente provocaría una escalada de la violencia en ambos lados de la frontera, también podría debilitar sus operaciones en el mediano plazo y abrir oportunidades para futuras inversiones. No obstante, este escenario es poco probable durante el resto de 2026, ya que Trump está priorizando la estabilización y los acuerdos económicos por encima de la transición democrática.

Una mayor cooperación entre Bogotá y Caracas tiene una alta probabilidad de debilitar al ELN, lo que contribuiría a mejoras a largo plazo en el desarrollo de proyectos de energía, particularmente en las partes central y norte de la frontera. Sin embargo, el probable nuevo deterioro de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de De la Espriella y Rodríguez dificultaría que Bogotá logre golpear de manera significativa las operaciones del ELN en la frontera. Al mantener una retaguardia en Venezuela, el grupo elevaría los riesgos para las empresas extranjeras interesadas en invertir en proyectos energéticos binacionales.

Sin embargo, ninguno de los dos escenarios resolvería los desafíos que enfrenta el sector minero en el sur de Venezuela. Las empresas que operen allí tendrían que asumir altos costos de seguridad, pagos de extorsión y riesgos de incumplimiento derivados de las violaciones de derechos humanos y de normas de protección ambiental asociadas con la extracción o distribución de minerales venezolanos. Incluso en el improbable caso de una sustitución total del régimen chavista, construir un aparato político y de seguridad confiable, capaz de desmantelar eficazmente a los grupos criminales que controlan el sector minero, tomaría años.

Visualizaciones producidas por Christian Jaffe y Ciro Murillo.