La violencia ha disminuido durante el mandato de Xiomara Castro, pero ¿ha mejorado la seguridad en Honduras?

El 30 de noviembre, Honduras celebrará elecciones generales. Xiomara Castro, del partido gobernante y de izquierda Libertad y Refundación (Libre), así como la primera mujer presidente en la historia del país, no se presentará a la reelección ya que ha alcanzado su límite de mandatos. Mientras se prepara para dejar el cargo, Castro puede presumir de que, bajo su mandato, el nivel de violencia del país ha disminuido significativamente. 

Durante los primeros tres años y diez meses de su mandato, los datos de ACLED muestran que la violencia relacionada con el crimen organizado fue un 27 % menor que durante el mismo período del gobierno anterior, el segundo mandato del líder derechista del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández. Y en 2024, la Policía registró una tasa de homicidios de 26 asesinatos por cada 100 000 habitantes, la más baja en 30 años.¹

Aún así, la candidata de Libre, la exministra de Defensa Rixi Moncada, no ha utilizado la reducción de la violencia como una marca distintiva de su campaña. Esto puede deberse a que la estrategia del gobierno, que pasó gradualmente de la desmilitarización y la policía comunitaria a estados de excepción permanentes, la ampliación del papel de las fuerzas militares y el encarcelamiento masivo, no explica por completo la reducción de la violencia. 

Los testimonios de personas que residen o trabajan en comunidades controladas por grupos criminales, así como de expertos en seguridad, sugieren que la reducción de las tasas oficiales de violencia se debe más a un cambio en las tácticas de los grupos criminales que a la eficacia de las operaciones de aplicación de la ley. Esto también podría explicar por qué este descenso no ha ido acompañado de una mejora de la percepción pública: aproximadamente una cuarta parte de los encuestados en un sondeo de opinión pública realizado a principios de 2025 identificó la inseguridad y el crimen organizado como los principales problemas a los que se enfrenta el país, y siete de cada diez personas creían que los homicidios habían aumentado durante el año anterior.²

La geografía de la violencia ofrece una posible explicación a esta paradoja. Una combinación de políticas de gobierno y una reubicación de los grupos criminales contribuyó a reducir considerablemente la violencia en las áreas metropolitanas de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Por el contrario, la violencia armada vinculada al crimen organizado siguió prosperando en los departamentos rurales de Honduras, afectados históricamente por una combinación de disputas territoriales y actividades relacionadas con el narcotráfico. Estas dinámicas cambiantes del crimen organizado ofrecen un panorama mucho más ambivalente de los resultados de Castro en materia de seguridad que la que el Gobierno quisiera presentar.

El estado de excepción inusual de Honduras: mayor presencia de las fuerzas de seguridad, pero menos enfrentamientos con los grupos criminales

Durante la campaña de las elecciones generales de 2021, Castro, por entonces candidata de Libre, prometió desmantelar el aparato dirigido por las fuerzas armadas creado por Hernández, quien ha sido acusado de ayudar al crimen organizado en lugar de combatirlo. Hernández cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. En su lugar, construiría otro basado en el liderazgo de la Policía Nacional.³

Durante su primer año de mandato, Castro tomó medidas en ese sentido, disolviendo las unidades interinstitucionales dirigidas por las fuerzas armadas y encargando a la policía el control del sistema penitenciario. La Policía Nacional, sin embargo, no estaba preparada para asumir el encargo y no logró frenar la extorsión y la violencia, lo que llevó a Castro a revertir progresivamente estas decisiones.

A finales de 2022, Castro había impuesto un estado de excepción que restringe la libertad de movimiento y de reunión y permite a las autoridades registrar domicilios y realizar detenciones sin orden judicial. Su gobierno renovó esta medida 24 veces más desde entonces  —a veces sin la ratificación del Congreso⁴— finalmente  ampliándola de 162 barrios en las dos principales ciudades del país a 226 de los 298 municipios del país (véanse las visuales a continuación).⁵

Tras la masacre en el Centro Femenino de Adaptación Social de Támara, que dejó 46 reclusas muertas en junio de 2023, Castro también devolvió la gestión del sistema penitenciario a la policía militar.⁶

El impacto aparente de las medidas del Gobierno

A pesar de la secuencia errática de decisiones del Gobierno, la violencia del crimen organizado ha disminuido progresivamente durante el mandato de Castro, en particular en 2024. La reducción fue mayor en las ciudades más violentas del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa, y sus alrededores, donde la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 y otras pandillas compiten por el control del narcomenudeo y las actividades de extorsión. Estas ciudades registraron reducciones del 50 % y 44 % en eventos de violencia, reflejados en caídas similares respectivamente en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán (véase el mapa a continuación). Curiosamente, a pesar del aumento inicial de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales poco después de la imposición del estado de excepción, estos también disminuyeron significativamente. La violencia en las prisiones también ha alcanzado mínimos históricos: en 2024, fue el punto más bajo desde que ACLED comenzó en 2018 a registrar la violencia en Honduras, y no se ha registrado ni un solo evento violento hasta la fecha en 2025. 

El Gobierno atribuye estas importantes mejoras a una mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad civiles y militares, a unos controles penitenciarios más estrictos y a un aumento del patrullaje. Desde la imposición del estado de excepción, las fuerzas de seguridad aseguran haber realizado 60 000 registros, que dieron lugar a la detención de más de 5 000 personas por extorsión y otros delitos graves.⁷ 

Algunos expertos en seguridad consultados para este informe sostienen que la reforma institucional de la policía comenzó con el nombramiento de figuras con una trayectoria reconocida en la lucha contra el crimen organizado para ocupar puestos de liderazgo, entre ellos los directores de la Policía y el sistema penitenciario, así como el ministro de Seguridad. Sugieren que la integridad profesional de los nuevos dirigentes contribuyó a reducir la participación de las fuerzas de seguridad en actividades delictivas, algo que había avivado la violencia en años recientes.⁸ Añaden que el despliegue de fuerzas de seguridad en los centros urbanos actuó como elemento disuasorio, lo que llevó a los miembros de los grupos criminales a mantener un perfil bajo o a trasladarse a otras partes del país, cambiando las rutas para las actividades de tráfico de drogas y de armas.⁹ Esta redistribución de la presencia de los grupos criminales explicaría por qué la supuesta mayor presencia de las fuerzas de seguridad no se ha traducido en un aumento de los enfrentamientos con dichos grupos, ni ha ido acompañada de un aumento de los presuntos abusos de fuerza, como se ha observado en otros países de la región que han adoptado políticas de seguridad de mano dura similares, como Ecuador, Trinidad y Tobago y Jamaica.

¿La reducción de la violencia fue resultado de la adaptación de los grupos criminales?

A pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre un despliegue más sólido y una mejor coordinación entre las agencias, las operaciones de las fuerzas de seguridad parecen no haber cambiado mucho en la presencia y el control de los grupos criminales. De hecho, los testimonios de personas que residen o han realizado investigaciones en las comunidades controladas por pandillas sugieren que la reducción de los homicidios se debe más a cambios en la dinámica y las tácticas de los mismos grupos. 

Algunos de estos cambios implican su adaptación al estado de excepción y a los patrullajes más frecuentes de las fuerzas de seguridad: para evitar llamar la atención pública y las redadas en los barrios donde operan, la MS-13 y otras pandillas han empleado la violencia de forma más selectiva. Esto se traduce en recurrir con mayor frecuencia a las desapariciones forzadas que a los homicidios, que suelen ser manifestaciones de violencia mucho más públicas.¹⁰ La Dirección Policial de Investigaciones registra 1 523 desapariciones en 2024, frente a 1 230 en 2023.¹¹ Sin embargo, la mayoría de desapariciones no se denuncian debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a represalias de las pandillas. Según un pastor evangélico¹² que trabaja en la prevención de la violencia en una zona de San Pedro Sula con una fuerte presencia de pandillas: 

‘‘Los únicos que se atreven a presentar denuncias son los que se van del país y usan la denuncia como prueba para buscar asilo político’’. 

Otros cambios apuntan a desarrollos en la competencia entre grupos criminales por el control de la extorsión y la venta de drogas, sobre todo la expansión de la MS-13 en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La MS-13 en Honduras ha priorizado el tráfico y el menudeo de drogas sobre la extorsión,¹³ contribuyendo posiblemente a la reducción de los niveles de violencia asociados con la negativa a pagar. A modo de ejemplo, ACLED registra 267 incidentes de violencia contra trabajadores del transporte público y privado —uno de los sectores más afectados por la extorsión— durante los 45 meses del gobierno de Castro. Aunque siguen siendo preocupantemente elevados, el número de eventos fue un 37 % inferior al registrado durante el mismo período de la segunda administración de Hernández. La expansión de los negocios de la MS-13 también ha supuesto la eliminación o la cooptación de varias organizaciones criminales menores —en ocasiones con cierta complicidad de las fuerzas de seguridad—, lo que ha reducido el número de grupos competidores en el panorama criminal de Honduras.¹⁴ Esto también ha perjudicado a su rival más importante, el Barrio 18, que ha perdido importantes franjas de territorio en San Pedro Sula y sus alrededores, especialmente en Chamelecón.¹⁵

En resumen, no se puede atribuir a un solo factor la reducción de la violencia en las ciudades principales del país. Un liderazgo renovado en el sector de la seguridad puede haber contribuido a reducir la connivencia entre las fuerzas de seguridad y las actividades ilícitas, mejorar la coordinación entre las unidades y reforzar el patrullaje en las comunidades marginadas. Al mismo tiempo, los grupos criminales —en particular la MS-13— se han adaptado a las nuevas circunstancias y a la utilización de la violencia de manera más quirúrgica y menos visible, contribuyendo así al descenso de los niveles de violencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

Más allá de la violencia urbana: la expansión del crimen organizado y su impacto en los conflictos por la tierra

Mientras que los niveles de violencia de grupos criminales han descendido considerablemente en entornos urbanos, otras zonas costeras y rurales han experimentado un aumento de la actividad del crimen organizado durante la presidencia de Castro. Por ejemplo, los departamentos de Colón y Olancho experimentaron un aumento del 27 % y 44 % de la violencia, siendo una tendencia preocupante el ataque a campesinos. Comparada con su predecesor, Castro parece haber dedicado más energía a erradicar los cultivos de coca y a abordar las reclamaciones de propiedad de la tierra por parte de los campesinos sin recurrir a la represión violenta. Sin embargo, sus esfuerzos no han frenado la expansión de actividades ilícitas y la creciente participación del crimen organizado en el sector agroindustrial.

De país de tránsito a país productor: la expansión del cultivo de coca

Honduras se encuentra estratégicamente a lo largo de una de las rutas de tráfico de drogas más transitadas del mundo. Durante décadas, grupos del crimen organizado  han traficado cocaína con destino a los Estados Unidos a través del país, por aire, mar y tierra. En los últimos años, sin embargo, parece que algunos de estos grupos han estado tratando de acortar la cadena logística —y los riesgos asociados con el largo recorrido desde los países sudamericanos— al impulsar el cultivo de coca en el país. Los cultivos de coca han aparecido en Honduras y otros países centroamericanos desde al menos 2017, pero parecen haberse afianzado en Honduras y, junto con la aparición de laboratorios de droga, están convirtiendo lentamente al país en un productor de cocaína.¹⁶ Estas actividades se han concentrado en zonas remotas de departamentos como Colón, Olancho, Atlántida y Yoro, que han servido como centros de contrabando para los grupos de narcotráfico durante décadas. ACLED registra al menos 223 incautaciones de cultivos de coca durante la administración de Castro, lo que supone un aumento de más de cinco veces en comparación con todo el segundo mandato de Hernández.

Más del 65 % de estas operaciones se concentraron en Colón y Olancho, y un 23 % adicional en Atlántida y Yoro, en su mayoría a lo largo de los corredores principales del narcotráfico que conectan los departamentos del este y del oeste (véase mapa a continuación). Para ocultar mejor los cultivos y dificultar su rastreo hasta sus financiadores, los grupos criminales los ubican en terrenos públicos, a menudo en biosferas protegidas.¹⁷ Cooptan a las organizaciones de guardabosques, que normalmente no están armadas y que, o bien aceptan la instalación de estos cultivos, o se enfrentan a intimidación y violencia.¹⁸ Sin embargo, mucha de esta violencia ocurre en zonas remotas y, a menudo, no se denuncia, lo que dificulta establecer una relación clara entre la expansión de los cultivos de coca y el deterioro de la seguridad en estos departamentos.¹⁹ 

Se puede interpretar el aumento de las incautaciones de cultivos de coca como un mayor grado de compromiso por parte de Castro para frenar la expansión de este fenómeno: su gobierno ha desplegado a la fuerzas armadas para combatir las actividades relacionadas con la droga en departamentos rurales y ha creado ‘‘batallones de protección ambiental’’ encargados específicamente de proteger reservas naturales y prevenir la deforestación.²⁰ Sin embargo, estas unidades carecen de personal suficiente y de recursos. Mientras tanto, el cultivo de coca parece ir en aumento, lo que sugiere la posibilidad de que la producción se esté convirtiendo en una opción viable, al menos para el consumo interno.²¹ De hecho, el Ejército podría haber encontrado tan solo el 5 % del total de los cultivos, según un investigador que ha realizado trabajo de campo sobre este asunto.²²

Disputas por la tierra y una combinación de intereses comerciales, políticos y criminales

La expansión de los cultivos de coca no es el único indicador de la expansión del crimen organizado en los departamentos rurales de Honduras, donde a menudo se cruzan sus intereses con los de las empresas privadas, a expensas de los campesinos locales. En departamentos como Colón y Olancho, las cooperativas campesinas que han librado largas batallas por una distribución más equitativa de la tierra, a menudo se enfrentan a grupos criminales que buscan expandir sus actividades para dar cabida a pistas de aterrizaje ilegales, plantaciones de coca y ganadería intensiva o cultivo de palma aceitera. En comparación con gobiernos anteriores —cuando las fuerzas armadas se desplegaron para respaldar a las élite económicas en los conflictos territoriales— la administración de Castro ha adoptado en principio una actitud menos represiva hacia los movimientos campesinos e incluso ha creado una Comisión de Seguridad Agraria para abordar las disputas por la tierra, según los investigadores consultados para este informe.²³ 

Sin embargo, la creciente reticencia del Gobierno a combatir enérgicamente los movimientos campesinos puede haber llevado a las grandes industrias agrícolas a recurrir en mayor medida a sicarios o milicias privadas para desalojar o desplazar al campesinado. ACLED registra 76 eventos de violencia dirigidos contra o que involucran a campesinos durante el mandato de Castro, la mayoría relacionados con disputas por la tierra, en comparación con los 49 eventos durante el mandato de Hernández. Estos incidentes causaron más de 105 muertes, casi el doble que bajo el mandato de Hernández. Más de la mitad de estos eventos tuvieron lugar en Colón y Olancho, donde el número de grupos del crimen organizado activos en estos dos departamentos también ha aumentado, de cuatro bajo Hernández a 14 bajo Castro. Los defensores de la tierra y el medio ambiente en estos departamentos también han estado luchando contra los proyectos mineros e hidroeléctricos, que a menudo están relacionados con la apropiación controvertida de tierras y tienen vínculos con la agroindustria y los grupos del crimen organizado.²⁴ Según los informes de Global Witness, entre 2018 y 2024, 73 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados o desaparecieron forzosamente en Honduras.²⁵

Uno de los conflictos relacionados con la tierra más prolongados del país queda en el Valle del Aguán, que se extiende entre los departamentos de Colón y Yoro (véase el mapa a continuación). Allí, las cooperativas de campesinos han recurrido a la ocupación de tierras para reclamar sus derechos de tenencia sobre las tierras que perdieron en la década de 1990, cuando una ley permitió a las grandes agroindustrias —a menudo vinculadas a grandes grupos de narcotraficantes²⁶— comprar porciones de tierra que habían sido propiedad colectiva de asociaciones campesinas, a veces de manera fraudulenta o coercitiva.²⁷ En estas zonas, especialmente en los municipios de Trujillo y Tocoa, se han enfrentado a empresas privadas interesadas en ampliar las plantaciones de palma aceitera, desalojando por la fuerza a las cooperativas de campesinos de las tierras que reclaman y ocupan.²⁸ Para ello, han contado con la cooperación de las fuerzas de seguridad o con las acciones de grupos armados parapoliciales a lo largo de los años. Más recientemente, los grupos armados que actúan en nombre de intereses privados parecen haber tomado un papel más destacado: se cree que la pandillal Los Cachos sea la responsable del asesinato de 18 campesinos en la región del Bajo Aguán entre 2024 y agosto de 2025, según organizaciones locales.²⁹

Los vínculos entre los intereses privados, políticos y criminales que se esconden detrás de estos proyectos agroindustriales quedan ilustrados por el asesinato de Juan López en septiembre de 2024.³⁰ López fue un defensor de los derechos sobre la tierra y se opuso a los proyectos mineros en la región del Aguán. También denunció los vínculos entre el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, y los negocios asociados al grupo criminal Los Cachos poco antes de ser asesinado.³¹ El caso de López es emblemático del poder que ostentan estas élites locales: a pesar de que tanto Fúnez como López pertenecen al partido gobernante, Libre, y aunque el Tribunal de Honor del partido sugirió expulsar a Fúnez después de que apareciera en un video aceptando sobornos de narcotraficantes en 2013, Castro no ha tomado ninguna medida en su contra.³²

Afrontar los peligros del crimen en evolución

“Pueden todavía desestabilizar el país. La MS-13 puede hacer que mañana haya 30 personas muertas”.

– Un exmiembro de la fuerza nacional anti-maras y pandillas

Independientemente de quién gane en las próximas elecciones, el próximo gobierno heredará un país menos violento en general, pero afectado por la creciente presencia y alcance de las actividades de los grupos del crimen organizado. Aunque los grupos criminales han estado empleando la violencia de manera más selectiva en los principales centros urbanos, su presencia y control territorial  no se han visto afectados por el aumento de los patrullajes policiales y las redadas. Por tanto, cualquier intento futuro de lucha contra los grupos criminales deberá tener en cuenta la reacción violenta que esto probablemente provocaría. Según un exmiembro de la fuerza nacional anti-maras y pandillas, los grupos criminales ‘‘pueden todavía desestabilizar el país. La MS-13 puede hacer que mañana haya 30 personas muertas’’, frente a una media de unos seis homicidios diarios.³³

Mientras tanto, la expansión de los cultivos ilícitos suscita preocupación por la posible transición de Honduras hacia un país productor de cocaína. Si las inversiones en cultivos de coca llegan a generar ganancias suficientes para ser rentables, esta nueva actividad podría generar una competencia violenta entre un número cada vez mayor de grupos del crimen organizado que operan en los departamentos rurales, poniendo a los campesinos que trabajan en los campos de coca en el punto de mira de sus guerras territoriales. Además, el aumento de grupos armados que actúan en nombre de grandes agroindustrias ilustra los vínculos cada vez más profundos entre el crimen organizado, la política y los intereses económicos, lo que podría agravar la violencia en los conflictos por la tierra de larga data y sin resolver. En este contexto de crimen en evolución, los habitantes de comunidades urbanas marginadas, las cooperativas de campesinos que defienden sus derechos de propiedad y los defensores del medio ambiente que abogan por un uso sostenible de los recursos naturales seguirán pagando el precio más alto. 

Visuales producidos por Ana Marco.